Informa que perjuicio por actos ilícitos llegaron a S/ 22,059 millones durante el 2020.
En el programa Puntos de vista de la Contraloría, Shack mencionó que el año pasado el control concurrente se focalizó en los gastos de diferentes entidades públicas, particularmente en bienes y servicios ofrecidos por pandemia.
Al respecto, manifestó que acompañaron la ejecución de gasto, advirtieron oportunamente riesgos y situaciones adversas en los procesos de contratación y revelaron todas las irregularidades.
Seguimiento
Dijo asimismo que la activación del ecosistema de control, con masiva presencia de auditores y monitores ciudadanos haciendo control concurrente a escala nacional, generó efectos disuasivos que aumentaron las probabilidades de detectar casos de corrupción y redujeron comportamientos irregulares en la administración pública.
“Este sería un argumento más de por qué se debe ampliar el control concurrente en el ámbito nacional, para prevenir los actos de corrupción y como acompañamiento a los servidores y funcionarios honestos que tendrán en los informes de control una valiosa hoja de ruta”, indicó.
Dijo que el control concurrente permite que se culminen miles de obras que hoy permanecen paralizadas.
Acciones
Más de 400 intervenciones de control e integridad ejecutó recientemente la Contraloría General de la República en 111 entidades públicas de los ámbito nacional, regional y local en Piura durante el megaoperativo de control regional que se desarrolló en ese departamento.
Según la Contraloría, el objetivo fue cubrir el 100% de las provincias piuranas, a fin de contribuir a reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en las obras y servicios que se ejecutan en este departamento.
Durante el megaoperativo, en el cual participaron de manera masiva y paralela cerca de 200 auditores, se examinaron, mediante servicios de control simultáneo y posterior, los recursos administrados para diversos proyectos.
Transferencia
La Contraloría puso recientemente a disposición de autoridades salientes y entrantes un aplicativo informático en la web institucional, a fin de registrar, aprobar y publicar la información correspondiente al proceso de transferencia de gestión y de rendición de cuentas, en el marco de las elecciones generales 2021.
Las entidades obligadas a registrar informes son las del Ejecutivo (Presidencia del Consejo de Ministros y ministerios) y del Poder Legislativo, así como EsSalud y las empresas del Estado bajo el ámbito de supervisión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Los titulares de las entidades del Gobierno están obligados a rendir cuentas a la Contraloría y a la ciudadanía sobre el uso de recursos públicos y bienes del Estado, así como a la autoevaluación de gestión, precisó.
